América latina no le debe nada al neoliberalismo

Manuel Antonio Garretón SOCIOLOGO, DOCENTE UNIVERSIDAD DE CHILE

Las políticas de los 90 no sólo no fueron beneficiosas, sino que deterioraron gravemente la calidad democrática.

En los últimos tiempos se vuelven a cruzar los temas de pobreza y desigualdad, con los modelos de desarrollo y crecimiento y con el papel del Estado. Todo a propósito de los giros a la izquierda, al progresismo en términos más amplios, o hacia ejes de derecha en los gobiernos de la región.

Respecto de la pobreza y desigualdad, es reconocible el mejoramiento de la situación en varios países. No hay que olvidarse de que estamos en una discusión más estadística que socioeconómica y política, donde, si se modifican o corrigen las formas de presentación de los datos, la situación es más crítica que la que se presenta, aunque no niega la tendencia a una mejora relativa.

Por otro lado, se trata de la superación de una línea estadística y no de una nueva situación sociológica, es decir, quienes hoy aparecen por encima de la línea de pobreza, mañana pueden volver a caer. De modo que lo que queda como problema central es asegurarles a todos un sistema permanente de protección a lo largo de sus vidas. Ello no puede hacerse sin una revisión y expansión del papel del Estado, lo que queda confirmado por el hecho de que ahí donde se ha producido una mejoría de la situación, ello se ha debido a una mayor intervención estatal y en ningún caso a los mecanismos de mercado, los que siempre tienden a aumentar las desigualdades.

En cuanto a las desigualdades y a la extrema concentración de la riqueza -las que son mucho más renuentes a modificarse que la pobreza, dado que América latina sigue siendo una de las regiones de mayor desigualdad-, no se conoce ningún caso de progreso y mejoría sustantiva si no hay una reforma tributaria que afecte no sólo la distribución del ingreso, sino también de la riqueza. Y eso requiere una mucha mayor intervención del Estado.

Se ha buscado soslayar muchas veces este último problema sustituyendo el principio de mayor igualdad por el de equidad o de igualdad de oportunidades. Y también, a través de la simplista visión sobre que la educación lo arreglaría todo y que entonces hay que concentrarse en ella y su reforma y no en políticas redistributivas directas (que siempre son descalificadas como populistas).

La equidad apunta a un piso para las situaciones individuales, pero no asegura un techo ni disminuye necesariamente las distancias que erosionan brutalmente la cohesión e integración de una sociedad convirtiéndola en una suma de mundos sin ninguna unidad interna. Además, las oportunidades no se dan en un solo momento sino a lo largo de toda la vida, lo que vuelve a exigir el Estado de protección.

Respecto de la educación, por importante que sea su reforma, todos sabemos que, si no se le interviene con medidas no educacionales, ella tiende no sólo a reproducir sino a producir y agravar desigualdades.

Es evidente que la llamada ola progresista de América latina tiene su origen en estas cuestiones y que su enemigo principal son las políticas neoliberales, no sólo las originales, sino las reformuladas después de los fracasos de éstas para resolver la cuestión del desarrollo en el largo plazo, más allá de la superación de las crisis coyunturales. Pero también es cierto que aún hay mucha timidez en enfrentar radicalmente los temas de la distribución del ingreso y la riqueza y terminar con las excesivas concentraciones y la radical reforma del Estado, más allá de su necesaria modernización. Queremos sistemas nórdicos de bienestar con impuestos y Estados latinos.
Cuando se insiste en estos puntos, desde la derecha ilustrada se vuelve con la monserga del populismo. Monserga que, como está dicho, penetra desgraciadamente a los sectores progresistas. Es así como recientemente a raíz de algunas reuniones internacionales de esta tendencia, se repite la majadería antiestatal y antirredistributiva y algunos reflotan el calificativo del “idiota latinoamericano” para referirse a quienes plantean la necesidad de políticas que vayan en el sentido de redistribución y término de la concentraciones excesivas de poder, riqueza e ingreso, y de profundización de las responsabilidades del Estado, debidamente controladas por los partidos y la ciudadanía, precisamente en el momento que el reconocimiento de una bonanza posneoliberal las hacen posibles.

Pero el verdadero idiota latinoamericano es el viudo o nostálgico de las épocas de ajuste, del simplismo mercantil, de la euforia privatizadora, de la ilusión consumista, es decir, el que sigue repitiendo consignas que se probaron falsas, demagógicas, desmodernizadoras y finalmente antidemocráticas.

Porque si hoy puede acusarse un déficit democrático en nuestras sociedades, ello no se debe a las políticas, pasadas y actuales, que puedan llamarse populistas, sino precisamente a la herencia de las políticas neoliberales, muchas de las cuales fueron impuestas con metodologías no democráticas y que aumentaron la pobreza y la desigualdad. Es cierto que convivieron en un momento los regímenes democráticos con esas políticas, pero ello fue al precio de afectar gravemente la calidad democrática, es decir, la igualdad real de los ciudadanos, en sus calidades de vida, para poder determinar el rumbo de sus sociedades.

Terminemos con el mito: la instalación de las democracias en la región en los ochenta y noventa no debe nada a las políticas neoliberales, aunque se hayan implantado muchas de ellas en esa época. Por el contrario, los déficit de las democracias políticas para convertirse en sistemas de redistribución del poder y la riqueza -es decir, en verdaderas democracias sociales- se deben en gran parte a la presencia de los enclaves neoliberales no sólo en las estructuras económicas heredadas, sino en las mentes de actores empresariales y los ideólogos y de la “nueva derecha”, pero también en las de algunas tecnocracias progresistas.